La falta de credibilidad en la función judicial y la movilización del 1F

 Es por todos aceptado que en los tiempos que corren, el poder judicial en Argentina, no pasa por un momento donde se pueda considerar que es valorado por la sociedad en general. Sin pretender analizar las verdaderas causas de esa sensación de falta de credibilidad, queremos sumarnos a todos los que están preocupados por el futuro institucional de nuestra república. Hoy los comunicadores se muestran muy proclives a la crítica del funcionamiento judicial y resulta una gravísima situación de corrupción institucional la que conocimos mediante la videofilmación que dió cuenta de reuniones entre dirigentes políticos y funcionarios de inteligencia con empresarios, para atacar a dirigentes gremiales. Asistimos a conocer las maniobras que diagramaron en el anterior gobierno para espiarnos, para involucrar a personas en casos de lawfare, además de endeudarnos internacionalmente con fines ilícitos. Es en plena crisis institucional, que no conocemos precedentes en períodos democráticos, que se ha convocado a una movilización ciudadana para el primer día hábil de febrero, para manifestarse en contra de los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia. En realidad -aunque no se diga- es una manifestación en general contra el mal funcionamiento de un poder judicial que no se encuentra a la altura de sus circunstancias y que no viene al caso apuntar aquí. No podemos permanecer ajenos a esta grave situación, que consideramos inédita, porque la que recordamos y fue un éxito remite a la ley del 2 por 1. Por ello queremos hacer algunas reflexiones para contribuir a un debate que debemos propiciar. Lo primero que debemos reconocer es que si bien no hay datos comprobables de ese descrédito del que hablan los medios, como profesionalmente estamos inmersos en el funcionamiento judicial, y tenemos la suerte de hablar con la gente, que compone nuestra clientela, no necesitamos de estadísticas para saber que sienten respecto de los jueces. Lo cierto es que se ha instalado esa crisis de credibilidad, aunque reitero sin estudios estadísticos que permitan tener certeza de la opinión que la sociedad argentina tiene de la función judicial. No podemos tomar en cuenta, la opinión -obviamente comprometida- de aquellas personas públicas que han tenido la desgracia de caer en las redes del procedimiento penal. Sobre todo cuando fueron víctimas de lawfare, es decir la utilización del aparato judicial, con fines políticos que ha inventado hechos para provocar el descrédito de aquel que se pretende destruir. Nos interesa la de muchos estudiosos del funcionamiento del sistema judicial, que por su trayectoria y prestigio, pueden analizar con autoridad lo que está sucediendo. En ese recorrida las voces críticas más legitimadas, es la de aquellos que son o han sido miembros del propio poder judicial que se encuentra en crisis. Destacamos la convocatoria a la movilización, que fue ideada por el Dr. Juan Ramos Padilla, miembro de una Cámara Nacional de Apelación en lo Criminal. Precisamente la organización justicia legítima, conformada por magistrados honorables y comprometidos con la democracia y las instituciones republicanas, avalan la movilización. También, la pública adhesión con propuestas concretas para aumentar el número de miembros, que realizó el Dr. Raúl Zaffaroni. Son muchos los doctrinarios del derecho constitucional o del derecho penal o procesal, que hacen gala de sus miradas críticas para tratar de explicar lo que sucede, aunque algunos tengan sus reparos con la metodología de la movilización. Pero  nos interesa especialmente el debate sobre la o las razones para justificar esa crisis de autoridad en el funcionamiento del poder judicial, que nos mueve a la reflexión y que sin dudas superará la movilización del 1 de febrero. Es probable que en buena medida las razones del descreimiento sean afines a quienes reniegan en general de la actividad política y que alguna vez sostuvieron el absurdo "que se vayan todos". Seguramente son muchas las razones de esta falta de credibilidad, y anticipamos que la preferimos a aquella "fe ciega", similar a la que sostiene un pensamiento religioso, digna de épocas medievales donde reinaba la inquisición. Adherimos a aquella mirada crítica que hace eje en el interior del poder judicial, considerando muchas fallas en la forma que los mismos jueces utilizan para redactar y luego comunicar sus decisiones. El uso de un lenguaje completamente ajeno al común de las personas, en la redacción de sus sentencias se replica a la hora de difundir su obra. Además, las pocas veces que extraordinariamente acceden a intervenir en algún medio de comunicación, se exponen a recibir críticas de sus propios colegas. Son contados con los dedos de una mano, aquellos jueces valientes, que preocupados por cumplir con su función  al servicio de las personas que titularizan el conflicto, los contemplan a la hora de fundar sus decisiones. No nos equivocamos si afirmamos que en realidad la gran mayoría de los jueces escriben sus sentencias para que sean leídas solo por abogados, incluyendo obviamente a sus propios superiores en otras instancias. Siendo así el discurso jurídico florece con todas sus características que lo presentan abstruso, digno de ser la herramienta de quien detenta un poder inasible, mientras más incomprensible más eficaz para el objetivo que se persigue. En general toda la corporación judicial funciona de este modo, aceptando o peor gozando, de un tratamiento digno de siglos pasados, que los propios abogados propician y se niegan a abandonar. Una sala de audiencia permite establecer las contradicciones que aparecen cuando el abogado que trata de Su Señoría al Juez, recibe su calificación de curial, algo incomprensible, sobre todo para quien no profesa religión alguna. Si a ello agregamos la ornamentación católica presidiendo alguna importante Sala, como no puede ser de otra manera en la Corte de la "Santa Fe", el resultado no puede ser otro que una enorme separación entre la sociedad y quienes ejercen la función judicial. Ni los jueces tienen porqué recibir un tratamiento digno de antiguos nobles que repugnan a nuestra República y a la Constitución que prohíbe tales títulos y honores, ni los abogados pertenecemos a la curia, ni  el poder que ejercen se encuentra iluminado por un pensamiento mágico. El esfuerzo para mejorar la situación de crisis, es poner las cosas en su debido lugar, y transmitir claramente la idea de quienes son los jueces y cuál es la naturaleza de la función que cumplen a la hora de resolver los conflictos que les llegan a sus estrados. A ello se agrega que tradicionalmente desde antes de la Revolución Francesa y se mantiene hasta nuestros días, el poder judicial, ha sido el más conservador, el más renuente a los cambios sociales que pudieran propiciar los otros poderes. Los propios líderes de los partidos políticos, han aceptado este orden de cosas, y la Constitución misma se encarga de perpetuarlos en el poder mientras dure su buena conducta. Esto debe entenderse, mientras no sea sorprendido "in fraganti" en la comisión de un delito y tenga trascendencia mediática. El sistema capitalista en el que funcionan los países, ha encontrado en los jueces permanentes, el reaseguro de que por más audacia que tengan quienes dirigen el ejecutivo, o los propios legisladores, hay un orden establecido que no se va a modificar. Generalmente ese orden es el que beneficia a quienes detentan el poder real en la sociedad. De modo que la crisis de credibilidad, es bienvenida cuando ese pueblo advierte que quienes conducen al poder judicial, no representan sus intereses colectivos. No defienden sus derechos y garantías. Al contrario permiten la permanencia de Procuradores deslegitimados, de fiscales indagados y no respetan a instituciones muy afines como lo es el Consejo de la Magistratura, pensado para administrar al poder judicial, lo que la misma Corte no se lo ha permitido y recientemente descubrió que su composición de años era inconstitucional en su representación numérica. Se impone un debate para discutir hasta qué punto, por lo menos los integrantes de las Cortes (nacional y provinciales) no deben ser elegidos por un tiempo determinado. La periodicidad de las funciones públicas es una característica de una República, y así se la ha considerado a la hora de regular al poder ejecutivo y al legislativo. No encontramos justificativo alguno para que los jueces no tengan el mismo límite en el ejercicio de sus funciones que son tan políticas como las otras y deberían ser fortificadas en su legitimación de origen para que la sociedad los sienta como sus representantes designados para resolver sus conflictos. El pueblo que por mayoría elige a sus representantes, debe tener la clara expectativa que los miembros del poder judicial, también son renovados acompañando los lineamientos políticos de los nuevos gobernantes. Esta idea difícilmente pueda encontrar realización, si se piensa que la función judicial es ajena a la política, que la trasciende, que está por encima de ella. ¡Que el derecho es una ciencia indiferente a las luchas por el poder! Mientras la mayoría de los dirigentes políticos en nuestro país, sean abogados, y lo más grave, se han formado en universidades donde el dogmatismo normativo, les impidió adquirir un pensamiento crítico, para ver al derecho con fundamentos que se enriquecen con saberes antropológicos, sociológicos, psicológicos, tal como ocurre con las llamadas ciencias sociales. Es preciso entender que el derecho es nada más que una herramienta para el ejercicio del poder, con una especial apetencia por acceder al valor justicia, pero nada más. Siempre dependerá de los hombres que la ejerzan para lograr concretarla. Por ello, es fundamental que la militancia de estas ideas se realice en el campo de la educación. Son los profesores los que tienen que difundir la necesidad de incorporar el pensamiento crítico, al que tanto temen los conservadores. Recién entonces tendremos una clase dirigente universitaria que pueda entender la necesidad de reformular los sistemas políticos para que se pongan al servicio de la gente, y desaparezca esta desconfianza, que ha provocado estas reflexiones. Si así fuera, bienvenida la crisis, porque de ella seguramente saldremos fortalecidos.