Breve reseña histórica

BREVE SINTESIS DE LA HISTORIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL EN ARGENTINA

En nuestro país pese a la independencia de España sus normas procedimentales siguieron vigentes para regular inquisitivamente el ejercicio del poder punitivo. Incluso con la codificación se siguió con la tendencia inquisitorial, que hoy todavía subsiste en muchas normas contenidas en los códigos que autorizan a los jueces a involucrarse con la “búsqueda de la verdad” aun supliendo la voluntad de las partes. Recién en los últimos años del siglo pasado la reforma procesal penal comenzó a cambiar hacia un modelo acusatorio. Santa Fe que siempre fue el lamentable atraso de juzgamiento escrito, hoy luce un sistema que puede ser considerado como modelo del debido proceso reclamado por la Constitución Nacional


1. Los sistemas procesales en nuestro país:
¿A qué sistema se adscriben tanto la Constitución Nacional como  los códigos procesales en nuestro país?

En la realidad legislativa, desde 1853 existió -y en muchos casos todavía existe-, un abismo entre lo instaurado por nuestra Constitución y lo diseñado por los códigos procesales. Antes de la Constitución Nacional, regían reglamentos dictados por los Tribunales, inspirados en la legislación española que se había dictado para “las Indias”. Sin embargo la Asamblea del año XIII tuvo a su cargo regular la eliminación de todos los instrumentos de tortura que la inquisición tenía derecho a utilizar en su cometido. Los intentos constitucionales de 1819 y 1826 que no lograron concretar la organización nacional, tenían dispositivos garantizadores pretendiendo poner límites al poder concentrado de los jueces. Sin embargo durante la influencia de los caudillos provinciales, el poder de los jueces sucumbía frente al del gobernador. En la época de Juan Manuel de Rozas hay ejemplos donde no se respetaba la división de funciones. Por ello el verdadero régimen republicano, aparece con la Constitución que se jura en Santa Fe aquél 1 de mayo de 1853 y que con la importante reforma de 1994 hoy nos rige.

No hay duda que los constituyentes quisieron el sistema acusatorio como forma procedimental para dirimir las cuestiones de índole penal. Y ello surge claro tanto de la ideología liberal de la que está imbuida la Carta Magna, como de la lectura dogmática  de la Constitución. Respecto a esta última, la referencia al juicio por jurados habla a las claras de un sistema acusatorio, desde que aquél es incompatible con el inquisitivo. El tema del jurado por su especificidad será abordado cuando nos ocupemos del tribunal penal.

Por otro lado, disposiciones como la de igualdad ante la ley, la garantía implícita del estado de inocencia (que preferimos considerar como ficción de inocencia) y la inviolabilidad de la defensa en juicio, reafirman nuestra argumentación. Entonces, es obvio que dichas garantías no podrían funcionar en un sistema inquisitivo y por otra parte, si bien vienen a humanizar el sistema que se ha dado en llamar inquisitivo reformado, muchas veces el propio sistema procedimental, se vuelve en contra de lo que se pretende respetar. Piénsese por ejemplo, cuando la norma procesal contempla que las actuaciones son secretas durante la etapa policial y durante los primeros diez días desde que arriban al juzgado, para todas las partes menos para el Fiscal. La desigualdad de trato es evidente. También cuando declarada la rebeldía se prohíbe escuchar al imputado y a su abogado defensor, conculcando la garantía de la defensa en juicio. La falta de imparcialidad e impartialidad de los jueces, cuando son autorizados a investigar, a traer pruebas de oficio, a resolver sin que medie un previo contradictorio, y como estos muchísimos ejemplos más.

Por ello, se puede decir que en general todos los códigos procedimentales penales de la República Argentina mantuvieron una fuerte impronta inquisitiva, con distintas graduaciones, que felizmente marcan una tendencia hacia el acusatorio.

2. La codificación:
Afortunadamente, ya no existe más el que fuera el monumento inquisitorial de nuestro país: nos referimos al código de procedimientos criminal para la Nación, código que rigió más de 100 años. Su redactor, Manuel Obarrio, se inspiró en una recopilación de la legislación española vigente hacia 1879, de prácticas inquisitivas; pero dicho código -tal como lo señala Alfredo Vélez Mariconde- nació viejo y caduco, puesto que el 14 de septiembre de 1882 España ya había cambiado su legislación procesal, incorporándose a la lista de países que habían adoptado el inquisitivo reformado[1]. De cualquier forma, la culpa de que “naciera viejo”, no es de su autor Manuel Obarrio, porque éste había sido designado el 6 de marzo de 1882 y culminó su tarea el 30 de junio del mismo año. Obarrio no llegó a poder tomar en cuenta la reforma legislativa de España, por unos meses. Toda la responsabilidad  reposa enteramente en el  Congreso de la Nación, que demoró seis años hasta promulgarlo y empezó a regir el 1° de enero de 1889. Bien se lo pudo actualizar en todo ese tiempo.

En 1915 Tomás Jofré produce los textos de los códigos para la provincia de Buenos Aires y para San Luis, tratando de humanizar el modelo inquisitorial con la introducción del juicio oral. Estaba limitado a los delitos graves, con voluntad del imputado y si eran muchos, que estuvieran todos de acuerdo, pero como no podía ser de otro modo fracasó, ya que resulta perverso implementar la oralidad dependiendo de la voluntad del imputado. Si bien limitaron el secreto instructorio e incluso el encarcelamiento preventivo en el tiempo (término medio de dos años) no alcanzó para llamar acusatorio a dicho sistema. Siguió siendo inquisitivo desde que la instrucción era definitiva, un poco menos quizás que el código nacional, pero inquisitivo al fin. Sin embargo podría señalarse como el germen de la gran crítica que se comienza a realizar al procedimiento previsto para la Nación.

Deviene entonces una tercera etapa, la llamada de los “códigos modernos”. Ello ocurre en Córdoba, donde a instancias del gobernador Dr. Amadeo Sabattini, los Doctores Alfredo Vélez Mariconde y Sebastián Soler producen en 1938, una verdadera revolución a nivel de procedimientos penales. El código de Córdoba que abreva principalmente en la legislación italiana de 1913 y 1930, significó sin lugar a dudas, un gran avance hacia un procedimiento que fuera acorde a la Constitución.

La introducción del juicio oral, ahora sí para todos los casos y el instituto de la citación directa -limitado a casos de delitos leves o de fácil investigación-, fueron decisivos en ese avance. Pero claro: lo que para 1939 fue toda una revolución -porque con este código sí se introduce el sistema inquisitivo reformado a nuestro país-, a partir del hito que constituye el Código cordobés, se originan también los que se denominaron "códigos modernos". Así Santiago del Estero, La Rioja, Mendoza, Jujuy, Catamarca, San Juan, Salta, La Pampa, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Neuquén, Río Negro. Todas estas provincias fueron adoptando códigos que reconocen su origen en el de Córdoba, aunque poseen algunas características que les son propias[2].

Cincuenta años después, cuando se pretende implantar dicho sistema  para el procedimiento federal,  el proyecto Levene -que intentó plasmarlo- significó, en cambio, un retroceso; o al menos un estancamiento. Es que el proyecto Levene ni siquiera es fiel a su fuente, puesto que no contempló la citación directa, tal como lo analizaremos más adelante. La tendencia que se inclinaba hacia un sistema acusatorio -es decir a lograr el proceso, el juicio del que nos habla la Constitución-, se había visto abortada. Así el proyecto Maier (abarcador de tres aspectos: el referido a la reforma del código procedimental de la Nación, el de reforma a la organización de justicia nacional y un tercero que se vinculaba con la creación de un sistema informático de gestión, control, planificación y desarrollo) proveniente del Poder Ejecutivo, específicamente de la Secretaría de Justicia de la Nación en el año 1986, que llegó a tener tratamiento legislativo (media sanción por la Cámara de Diputados, durante el período presidencial del Dr. Alfonsín) fue reemplazado por el proyecto Levene[3] que con modificaciones se convirtió en la ley 23.984.

El proyecto Maier contenía muchos avances, como la “citación directa” para todos los casos, es decir: la preparación de la acción en manos del Fiscal organizado como un verdadero ejército; la integración del tribunal de juicio por legos (escabinos); la presencia activa de la víctima en la cuestión penal a través de la figura del querellante adhesivo; la existencia de un tribunal distinto al que va a juzgar para decidir sobre la admisibilidad de la acusación (procedimiento intermedio) y por supuesto el juicio oral, público y contradictorio. Sólo este último estaba previsto por el proyecto Levene, al que luego modificaciones surgidas de las respectivas Cámaras le agregaron la figura del querellante y la posibilidad -en ciertos supuestos previstos específicamente por la misma ley- que la investigación esté a cargo del Fiscal.

Creemos que una reforma debe apuntar esencialmente a modificar toda la estructura del sistema a fin de acortar el tiempo entre que comienza el procedimiento y se dicta la sentencia. Ello permitirá una mayor eficiencia en la represión y viabilizar el fin de prevención especial, que se le adjudica a la pena.

Llegamos así a una cuarta etapa en la historia de los sistemas procedimentales de nuestro país, de la mano nuevamente de los juristas de Córdoba. Aparece una corriente procesalista que no reniega de ser fuertemente penalista,  y que, reflexionando sobre las virtudes y defectos del Código de esa provincia y siempre a partir de él, implementa una serie de nuevos institutos, mejorando notablemente el sistema y dando solución teórica a problemas planteados[4]. Esta corriente, que tiene a José I. Cafferata Nores, como su indiscutible líder, ha permitido un nuevo Código Procesal Penal para reformar el de Córdoba, que antes de regir en esa provincia, por avatares de la política, se puso en vigencia en Tucumán que lo tomó como modelo y se anticipó a darle vida legislativa.        

En esta misma corriente, se muestra la reforma procesal penal de la provincia de Buenos Aires, con sus avances y retrocesos, la de Mendoza y las que seguirán el valioso aporte que el [5]I.N.E.C.I.P. brindara con sus proyectos de códigos y probablemente con un mayor compromiso con el paradigma acusatorio. Aparece así el código procesal penal de Chubut, que reemplaza al que en su momento hiciera Julio B. J. Maier y no lograra entrar en vigencia en la mencionada provincia patagónica. Por su moderna concepción, interesa en esta parte de nuestra obra, hacer puntuales referencias a este realmente moderno sistema procesal penal, que bien puede servirnos de ejemplo a imitar.

3. Breves referencias a la situación en Santa Fe.

El Código Procesal Penal de Santa Fe, ley 6740 todavía vigente, ha sufrido numerosas reformas, que para nuestro punto de vista siempre fueron “parches” y nunca asumieron la necesidad de adecuarse al “debido proceso constitucional”, que como hemos señalado es el que responde al modelo acusatorio. Para quien tenga especial interés en la historia de la codificación ocurrida en Santa Fe, vamos a desarrollar a continuación una breve síntesis de la supuesta evolución que sufriera el procedimiento penal. En realidad es la historia de cómo Santa Fe permaneció al margen de los códigos modernos y por ello fue fiel al modelo escriturario[6].
 
El código procesal penal de la ley 6740 , que entró a regir en abril de 1972 se intentó reemplazar definitivamente en febrero de 2011[7], pero la falta de infraestructura provocó sucesivas prórrogas hasta llegar al 10 de febrero de 2014 fecha en la que entró definitivamente en vigencia el actual regulado por la ley 12.734.
Antes había regido el Código de Enjuiciamiento Civil, Mercantil y Criminal de 1872 y luego por el Código de Procedimientos en lo Criminal que fuera sancionado el 13 de diciembre de 1895 y rigió desde el 1º de enero de 1896 hasta el 14 de abril de 1972.
Ese antiguo código que subsistió 76 años, fue diseñado por los Dres. Simeón Oliaga, Luis Blanco, Zenón Martínez y Manuel Morón, que obviamente tomaron como modelo al proyecto de Código Procesal Penal Nacional, que fuera redactado por Manuel Obarrio en 1882 y que como vimos se había inspirado en la Ley de Enjuiciamiento Española. No tuvieron en cuenta los adelantos que a esa fecha se habían experimentado en los Códigos Europeos (España 1872, Austria 1873, Alemania 1877).
Obviando aquél mandato de Montesquieu que dividiendo a las funciones del poder y para que sirviera como sistema de pesos y contrapesos, le negaba al Poder Judicial toda ingerencia en la tarea legislativa, desde la mitad del siglo pasado, los integrantes del Poder Judicial santafesino empiezan a ejercer sus influencias en la necesidad de reformar aquel Código[8]. Contribuía a la crítica sobre esos modelos caducos, las voces doctrinarias que se producían en las Universidades (sobre todo la de Córdoba) y convergían en los Congresos de la materia. Merece recordarse la existencia del Anteproyecto de Código Procesal Penal redactado por los Dres. Jorge Clariá Olmedo, Raúl Torres Bas y Ricardo Levene (h), que fuera aprobado por el IV Congreso Nacional de Derecho Procesal.
Sin embargo, pese a estas importantes voces que fundamentalmente desde Córdoba propiciaban seguir el camino iniciado por Alfredo Vélez Mariconde y Sebastián Soler, todas las comisiones especiales, creadas para tal fin, con anterioridad fracasaron en su intento de instalar el juicio oral. Nos referimos al Anteproyecto del Código de Procedimientos Penal de 1942, el Proyecto de Reformas al Código de Procedimientos en lo Criminal de 1943 y el Proyecto de Código de Procedimientos en lo Criminal de 1949, elaborados todos ellos por integrantes del Poder Judicial de Santa Fe. Aquí se mostraba con claridad la resistencia de los jueces a variar completamente su regla de trabajo y pasar de la comodidad del juicio escrito -perfectamente delegable en Secretarios y empleados-, al oral donde había que “poner el cuerpo”, enfrentar a imputados, víctimas y testigos, en largas y duras audiencias. Ya desde aquella época comenzará la lucha entre oralistas versus escrituristas, que no se reducía a Santa Fe, pero que en ella vencían los conservadores, mientras que en el resto de las provincias el juicio oral poco a poco se iba consolidando.
Instalados los militares en el poder, a raíz del golpe del 28 de junio de 1966, que en el ámbito nacional destituye al Dr. Arturo Illia, la provincia de Santa Fe, fue gobernada por el militar designado desde Buenos Aires. Sin Poder Legislativo, la función de legislar para reformar al código procesal penal, se reducía a contar con técnicos que pudieran elaborar proyectos, porque la voluntad de cambio dependía de las Fuerzas Armadas que habían usurpado el poder. Si bien en esta y otras materias, contaban con el inestimable aporte de civiles que no tenían ningún inconveniente en prestarles apoyos, como de pronto ocurría con la mayoría de los argentinos en aquella época[9].
Sin embargo, aquel juicio oral que había nacido en el gobierno radical de Amadeo Sabattini en Córdoba en 1939, no iba a generar adhesión en Santa Fe, pese a que el gobierno militar de 1967 se fija como uno de sus objetivos la reforma al código procesal penal de la provincia[10]. Así el Ministerio de Gobierno de Justicia y Culto, solicitó la creación de comisiones para el estudio de reformas a la Ley Orgánica de los Tribunales, y a los Códigos Procesal Civil y Comercial, de Procedimientos Laboral y de Procedimientos en lo Criminal.
La iniciativa fue muy bienvenida por los círculos allegados al quehacer jurídico, y también lo estimó oportuno la prensa. Así el Diario “El Litoral” del 8 de febrero de 1967, en un artículo titulado “Reforma a las leyes procesales” publicó con especial entusiasmo que se iban a estudiar “las reformas que reclama, desde hace muchos años, el Código de Procedimientos en lo Criminal”.
La Corte Suprema de Justicia designó sus representantes para integrar las comisiones y también lo hicieron los Colegios de Abogados de Rosario y Santa Fe, todos los que asumieron sus cargos el 7 de marzo de 1967.
La Comisión que se iba a dedicar al estudio de la reforma procesal penal, fue integrada por los Dres. Enrique Escobar Cello (Santa Fe), Luis Laporte (Rosario), Viviano Moreyra (Rosario), Jorge Piedrabuena (Santa Fe) y Héctor Salgado (Santa Fe). Luego Escobar Cello y Laporte fueron reemplazados por Aparicio Monje (Santa Fe) y Adolfo Amateis[11] (Rosario).
La heterogeneidad de la mencionada comisión debe haber provocado su total fracaso, porque al poco tiempo de conformada, el Gobierno dio por terminada su labor[12].
Esta frustrada iniciativa llevó al gobierno a contratar al Dr. Jaime Prats Cardona para que elaborara un proyecto[13]. También aquí la prensa se ocupó del asunto muy especialmente, reclamando que antes de promulgar el nuevo código procesal penal, debía ser sometido a la discusión pública (¿de quiénes?), ya que no existía el poder que la Constitución fijaba para dictar las leyes[14]. El trabajo del Dr. Jaime Prats Cardona fue puesto a consideración de los integrantes de los poderes del Estado, asociaciones profesionales y organismos universitarios, de modo que pudieran participar en la tarea magistrados judiciales y especialistas en el proceso penal.
Esta consulta dio lugar a numerosas observaciones entre las que cabe resaltar las provenientes de la comisión designada por el Colegio de Abogados de Rosario (Adolfo Amateis, Hugo Arnaldo Bruera, Hugo Castagnino, Walter Cattáneo y Viviano Moreyra) y del grupo de miembros del poder judicial (que no se consideró comisión puesto que los miembros del Poder Judicial no fueron designados oficialmente) y profesionales elegidos por el Colegio de Abogados de Santa Fe (Roberto A. Büsser, Carlos Creus, Norberto Juan Iturralde, José M. Puccio y Dante Vela[15]).
Todo este aporte recibido se envió al Dr. Jaime Prats Cardona para que emitiera opinión. Prats Cardona contestó y se refirió en particular a los estudios realizados por las comisiones de los dos Colegios de Abogados, y aceptó buena parte de las objeciones.
Ante la subsistencia de puntos de vista dispares en algunos aspectos, el Ministerio de Gobierno encomendó a la Subsecretaría de Justicia y Culto la redacción definitiva del proyecto.
Para concretar esa labor, su titular el Dr. Raúl Crespo, requirió la colaboración de los Dres. Roberto Büsser, Carlos Creus, Norberto Juan Iturralde y Dante Vela, con limitaciones que les fueron prefijadas para llevar adelante la tarea.
Fruto de este trabajo surgió el llamado Proyecto de 1970, que fue elevado al Gobierno de facto de la Provincia  (Gral. Fonseca y Dr. Gianello) quienes lo remitieron al Ministerio del Interior para requerir se autorizara la sanción de la ley.
Sucedió que las discrepancias existentes entre el Anteproyecto de Prats Cardona y el Proyecto de 1970 decidieron a la Secretaría de Estado de Justicia de la Nación aconsejar el retorno de las actuaciones a la Provincia por si el nuevo gobierno (acababa de asumir el General Guillermo Sánchez Almeyra) estimaba propio insistir en la consulta.
Vuelve el Proyecto, y el Ministerio de Justicia y Culto nuevamente envía el Proyecto de 1970 a la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados y funcionarios judiciales del fuero penal, a las asociaciones profesionales y a las Universidades con sede en la Provincia para recabarles las sugerencias que creyeran conveniente expresar sobre modificaciones introducidas al anteproyecto.
Nuevamente se dejan oír variadas opiniones de la cual surge por fin y no por bien, el Código Procesal Penal sancionado el 11 de octubre de 1971 por ley 6740 y puesto en vigencia el 15 de abril de 1972.
 
La Ley 6740 fue sucesivamente modificada, sobre todo en las hipótesis de libertad provisional, tanto por el gobierno constitucional que sucede a los militares, como por los gobiernos de facto, productos del posterior golpe de Estado de 1976:

En el año 1992, a instancias del primer gobierno provincial de Carlos A. Reutemann y siendo Ministro de Gobierno el Dr. Jaime Belfer, fuimos convocados por quien operaba como delegada en Rosario, la Dra. Cristina Rubiolo para conformar una comisión técnica que colaborara en la redacción de un nuevo código procesal penal[16]. La idea era instalar definitivamente un modelo acusatorio con juicio público oral en nuestra provincia. Se elaboró primero un Anteproyecto de C.P.P. y luego un Proyecto definitivo en cuyas redacciones intervinimos junto con los Dres. Ramón T. Ríos, Jorge Vázquez Rossi y Julio de Olazábal, y que presentado ante la Cámara de Senadores en diciembre de 1993, perdió estado legislativo al no ser tratado. Recibió un fuerte apoyo del Colegio de Abogados de Rosario, mientras fue su Presidente el Dr. Miguel Araya. Este Proyecto fue luego de alguna manera reflotado, ya que el Ministerio de Gobierno nos designó en el primer gobierno del Ing. Obeid para su actualización, porque había sido decisión política del Poder Ejecutivo enviarlo al Congreso como proyecto de ley. Se le había agregado la institución del jurado popular, el que funcionaría como un derecho del imputado siempre que se lo acuse por delitos cometidos en ocasión de funciones políticas electivas. Además se había limitado la posibilidad de condenar no pudiendo en ningún caso superarse la pena solicitada por el acusador. Un nuevo intento frustrado de cambiar el sistema procesal penal en Santa Fe, ya que nunca fue tratado por el Congreso[17].
   
Llegamos así, en este sintético recorrido, a los momentos que van a provocar definitivamente el cambio de modelo procedimental en nuestra provincia.

Como consecuencia de un pronunciamiento jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que puso en crisis a todo el sistema procedimental de Santa Fe[18], la Corte provincial dicta una Acordada (n°32) por la que introduce modificaciones sustanciales a las normas de competencia, no reparando en afectar la garantía del “juez natural” consagrado en la Constitución Nacional[19].
Luego consigue que en el marco de aquél Plan Estratégico del Estado Provincial para la justicia santafesina”, se elabore el proyecto de ley que terminará siendo la ley 12.734, que ya había empezado a regir aunque parcialmente (según lo dispuso la ley 12.912) y que desde el 10 de febrero de 2014, rige en su plenitud. Sin embargo, las causas viejas, es decir las nacidas antes de esa fecha, se siguen guiando por las normas del código derogado que mantiene una ultractividad, obviamente de dudosa constitucionalidad.

El Colegio de Abogados de Rosario no participó del “Plan Estratégico” pese a ser formalmente convocado y nos encomendó la crítica del proyecto y al mismo tiempo la elaboración de otro, lo que hicimos en co-autoría con Néstor Vico – Gimena. Este proyecto fue adoptado por la institución y presentado como alternativa a la Asamblea Legislativa, que no lo consideró ya que adoptó el elaborado por quienes participaban del plan estratégico.

Con el nuevo gobierno, que no es responsable de la redacción de la ley 12.734, se encara su puesta en vigencia efectiva. Entre las alternativas que se le ofrecían para ir poniendo en vigencia el nuevo modelo, decididamente acusatorio, aunque con muchos errores técnicos que esperamos en el futuro se corrijan, uno consistía en ir por territorios, por circunscripciones, de un modo paulatino. Ese método era aceptar que en determinados departamentos de la provincia regiría un código según constitución y en el resto se seguiría con el modelo cuestionado como inconstitucional. La otra alternativa lógica era decidir que en un tiempo razonable se lo pusiera a regir en toda la provincia, para lo cual ya había que prorrogar su vacancia. La experiencia de otras provincias donde sucesivamente se seguía sin hacer realmente vigente una ley promulgada, tal como ocurriera en Chubut con el código Maier, hacían temer que por ese camino nunca se lograran las condiciones de infraestructura para permitir su aplicación. El Gobierno, aceptando lo traumático que implicaba el cambio de un modelo inquisitorial a uno acusatorio, se decide por una implementación por materias, para ir atenuando aspectos que eran criticables según la interpretación que había que hacer del debido proceso constitucional, y al mismo tiempo eran posibles de poner en vigencia sin demasiados costos de infraestructura. Así, se dicta la ley 12.912, que entre otras cosas, pone en vigencia parcialmente algunos institutos del código procesal penal, como la figura del querellante, los principios y las garantías del nuevo paradigma procesal, las reglas de oportunidad en el ejercicio de la acción, más hipótesis para el juicio oral obligatorio[20], un procedimiento abreviado para cualquier delito y una amplia suspensión del proceso a prueba.

En la historia del procedimiento penal de Santa Fe, hay una recurrente insistencia en la necesidad de instalar el juicio público y por ende oral, con un tribunal que no se comprometa con la actividad probatoria. Que desaparezca la figura del Juez a cargo de la Instrucción, que asuma todo el protagonismo que le corresponde al Ministerio Público Fiscal, y que al imputado se le garantice realmente su derecho de defensa. Todo ello en una reforma que lleve simpleza al procedimiento, responsabilidad en los operadores y transparencia en el ejercicio del poder. Obviamente estos parámetros, deben ser el modelo a seguir en toda la Nación, en todas las provincias. En Santa Fe  nada de ello se había hecho, hasta el dictado de la ley 12.734 y por el contrario el camino que se seguía era el opuesto a todas esas líneas directrices que hoy siguen los códigos de las provincias que han adecuado sus sistemas a los postulados de la Constitución Nacional reformada en 1994. 
Las reflexiones críticas que hicimos, intentaron mostrar no sólo los errores técnicos y los compromisos ideológicos incompatibles con el modelo acusatorio, sino también destacar entusiastamente los casos donde se producen aquéllos que para nosotros son aciertos, respetuosos en definitiva de la voluntad del legislador que en democracia, no puede producir otra reforma que la que nos ocupa.

La respuesta a la pregunta: ¿porqué no se puede en Argentina producir el gran cambio que venimos propiciando desde la cátedra hace muchos años?, se debe buscar en las raíces ideológicas que culturalmente conforman el modo de pensar mayoritario de los operadores políticos y judiciales, que tuvieron decisión en impedir la reforma. Incluso el último ejemplo de lo que decimos es la suspensión del gobierno nacional, al nuevo código procesal penal de la Nación que ya se había aprobado y debía entrar a regir en marzo del año 2016.  

De cualquier forma, nuestra natural actitud optimista nos obliga a no bajar los brazos;  por lo que todo nuestro esfuerzo académico se vierte hoy más que nunca en la esperanza de que algún día el sistema de persecución penal en todo el país, se ponga definitivamente a la altura que el diseño constitucional reclama para la República. 

Por fin y luego de muchos intentos frustrados, nuestra provincia ha dejado su atrasado sistema procesal penal, para adecuarse a las exigencias que imponen los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución Nacional. Santa Fe dejó de ser el único lugar de América, donde se juzgaba a las personas por el método escrito del expediente. Parece atinado insistir brevemente, en cuáles son las principales ventajas del cambio que decididamente se ha llevado a cabo.

Empecemos por destacar la transparencia que significa un juicio público, al que pueden acceder no sólo los familiares y amigos de imputados y víctimas, sino cualquier persona que tenga interés en conocer cómo funciona el sistema, cómo se llega a dictar una sentencia penal. Especialmente los alumnos que están cursando la materia. En lugar del expediente, donde se agregan hojas y más hojas con declaraciones escritas por los empleados, todo ocurre en una audiencia donde la acusación, la defensa y toda la prueba se presentan directamente ante el tribunal que tendrá que decidir en base a ella. En esas audiencias el público puede ver cómo trabajan los fiscales, cómo se desempeñan los defensores y fundamentalmente cómo se forman los criterios para absolver o condenar. Se termina con el misterio del expediente, al que todavía muchos abogados le rinden culto -como si fuera algo sagrado-, y pasamos a una relación inmediata entre los jueces y las partes, testigos y peritos. En lugar de leer lo que escriben los empleados, se trata de escuchar directamente de la boca de quien produce la información.

La otra fundamental ventaja del nuevo sistema, es que ningún imputado puede prestar declaración sin haber sido asesorado previamente por un abogado defensor. Antes se condenaban a personas que nunca tuvieron esa posibilidad y prestaron declaración aceptando hacerlo, sin contar con la presencia de un defensor, a quien es probable que nunca conocieron personalmente.

Otra importante novedad, la constituye el protagonismo de quien afirma su condición de víctima, ya que antes no tenía la posibilidad que hoy le permite constituirse en querellante, que significa en la práctica poder acusar, ofrecer pruebas, colaborar con la investigación, es decir trabajar con el Fiscal para conseguir la condena.
A todo ello se agrega, que ahora los jueces ven limitadas sus funciones, para dedicarse exclusivamente a resolver los pedidos que les formulen las partes. Ello significa que los jueces estarán en mejor situación para ser imparciales, ya que les queda vedado involucrarse con la investigación y la prueba. Desapareció la figura del juez de instrucción y el responsable de la investigación es el Fiscal conduciendo a la policía. Los jueces se limitan a garantizar que se cumpla con la ley, que se atiendan los pedidos de la defensa del imputado o de la víctima, pero sin involucrarse en la reconstrucción del pasado, ya que ello les corresponde a las partes (fiscal, querellante y defensor).

En definitiva, tenemos por fin un debido proceso, o sea un lugar donde las pretensiones de aplicación del derecho penal, que significa la posibilidad de mandar a la cárcel al acusado, sea debatido públicamente, frente a un tribunal totalmente imparcial e independiente. Donde tanto la víctima como el acusado, puedan tener acceso con sus abogados, a la audiencia donde pueden ser oídos, ofrecer sus pruebas, controlar cómo se producen y finalmente producir sus alegatos para propiciar la sentencia que persiguen.

Estas son en apretada síntesis, las ventajas que en la práctica significa el cambio en el modelo procesal penal de nuestra provincia. Faltan otros elementos que quedan pendientes, como por ejemplo la instauración del juicio por jurados, tal como lo exige la Constitución Nacional y ya funciona en Córdoba y Chubut. Sin embargo, el paso que se ha dado para implementar la reforma, es históricamente muy trascendente y tenemos confianza en que se perfeccionará. Los intentos por impedirlo, de una minoría que se resistía  al cambio, seguramente movida por un espíritu conservador que le provocaba mucho miedo a lo desconocido, pero que tampoco se interesaba por conocer, ha fracasado. El cambio producido, exige prepararse, capacitarse, para poder cumplir con eficacia las distintas funciones, sabiendo desde ya, que ahora habrá control de calidad por la tarea cumplida y ella estará a cargo del público, que en tanto “pueblo”,  constituye el verdadero destinatario de las reformas, que así como ocurriera hace doscientos años, podrá definitivamente “saber de qué se trata”

Obviamente que hay cosas por corregir, entre las que no dudamos en señalar la necesidad de que todos los abogados protagonistas de las audiencias, utilicen un lenguaje sencillo, para que el imputado y la víctima así como el público los entienda. El lenguaje técnico se convierte en un instrumento de poder que atenta contra la transparencia del ejercicio republicano del poder. Tampoco es aceptable el tratamiento antiguo de su señoría al juez, y menos de curial al abogado. Otro tema es que es imprescindible que los fiscales actúen con responsabilidad y se hagan cargo de sus fracasos a la hora de la sentencia, que debe aplicar las costas a cargo de quien no obtuvo el éxito que pretendía. Si el Ministerio Público de la Acusación empieza a ser reprochado por sus fracasos consistente en llevar a juicio sin pruebas suficientes, a personas que obviamente resultan absueltas, seguramente van a tomar con mayor seriedad su labor. Por supuesto que dejamos de lado aquellas conductas patológicas, donde por falencias personales se dejan presionar por los medios de comunicación para dirigir sus acciones, sean jueces, fiscales o defensores. Para estos últimos el reclamo de que operen de buena fe, que no se conviertan en cómplices de los delincuentes que defienden, lo que muchas veces parece ocurrir, cuando se involucran con el presente o el futuro del accionar delictivo, o cuando no queda claro cómo obtienen sus honorarios. Todas cuestiones éticas que no pueden ser dejadas de lado en el análisis de lo que ocurre en un procedimiento penal, porque de lo contrario se corre el riesgo de pecar por ingenuos o de colaborar con el silencio a que un estado de cosas se mantenga funcionando incorrectamente.




[2]La provincia de Santa Fe, aún con las últimas reformas que ponen parcialmente en vigencia el nuevo código procesal penal (ley 12.912), al mantener en general su procedimiento escrito y sólo excepcionalmente oral, no puede incluirse en la lista que mencionáramos.
[3]Ricardo Levene (h),  era contrario a que la investigación quedara en manos del Fiscal y un opositor decidido a que el particular pudiera actuar como querellante conjunto. No obstante, el código mantuvo la figura del querellante particular, que ya venía funcionando en el viejo código de Obarrio. Era un defensor de la doctrina de la defensa social y confundiendo principios con reglas, llegó a afirmar que el código que él proponía era acusatorio porque tenía juicio oral¡¡!!
[4] Sabemos de las crisis que presentan los sistemas de Córdoba, Tucumán y provincia de Buenos Aires. Ellos merecen puntuales críticas a su funcionamiento y reclaman profundizar la eficacia del modelo adversarial, temas que escapan al cometido del presente.
[5] Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, http://www.inecip.org/
[6]En lo que sigue tuvimos especialmente en cuenta el trabajo monográfico que, siendo alumna del cursado de la materia, hiciera Laura Vicario, a quien le quedamos agradecidos por su aporte.
[7] Ley 13.038. ARTICULO 1º.- Modificase el artículo 3 de la Ley Nº 12912 -implementación progresiva del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Provincia de Santa Fe establecida por LeyNº 12734 - Código Procesal Penal-, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 3 - La implementación definitiva e integral de la Ley Nº 12734 – Código Procesal Penal - será dispuesta por el Poder Ejecutivo en un plazo que no podrá superar el día 1 de febrero de 2011."

[8]Esta tendencia no ha cesado y como veremos ha permitido que el Poder Judicial intervenga directamente en la redacción del nuevo código procesal penal, como consecuencia de un “Plan Estratégico del Estado Provincial para la Justicia santafesina” que el mismo concertara en 2006. Personalmente nos mantuvimos al margen de formar parte de las comisiones que se generaron, apoyando al Colegio de Abogados de Rosario, que decidió no incorporarse. Nuestra postura era que pese a una norma de la Constitución Provincial que lo autorizaba, el Poder Judicial debía abstenerse de ocupar funciones legislativas, ya que éticamente no podría luego interpretarlas para su aplicación. Además, criticábamos a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que nos habían rechazado recursos extraordinarios donde alegábamos la inconstitucionalidad de numerosas normas del código vigente, cuando habían afirmado que ninguna contradicción con la C.N. advertían!!
[9]Confr. la “Historia Argentina” Vol. 8: “La política en suspenso 1966/1976”de Liliana DE RIZ,  pág. 13, Edit. PAIDOS, Bs. As., 2000.
[10]Confr. Decreto 306 de Enero de 1967 del Poder Ejecutivo de Santa Fe.
[11]El Dr. Adolfo Amateis era un juez brillante, a quien conocimos muy de cerca, ya que en el año 1974 cumplíamos tareas como empleado en su Juzgado (Crimen de la 2da Nominación). Había sido titular de la materia Derecho Procesal II en la Facultad Católica de Derecho de Rosario (PUCA) y a su lado estuvo su adjunto, el Dr. Ramón T. Ríos quien al poco tiempo lo reemplaza en la cátedra. Adolfo Amateis era un hombre sumamente lúcido, muy culto y pragmático. Recuerdo que siempre señalaba: “los códigos procesales parecen hechos para aplicar a un solo proceso”, el problema es que hay muchas causas y es necesario dotar de una infraestructura adecuada, que hiciera eficiente la aplicación de las normas. Al Dr. Adolfo Amateis le debo el haberme permitido operar desde el lugar del poder del Juez, en los problemas que ofrecía el procedimiento penal, y a mis profesores Ramón T. Ríos y su adjunto Elio Covicchi, el introducirme en el marco teórico referencial, imprescindible para el análisis de cualquier modelo de código que se trate. Por su parte el Dr. Viviano Moreyra, a quien conocimos mientras ejercía activamente su profesión de abogado, era un hombre de firmes convicciones democráticas que se oponía a todo síntoma de autoritarismo, con posiciones muy críticas al sistema inquisitivo.
[12]Confr. el decreto 6141/67 del Poder Ejecutivo, donde se señala que pese al empeño y dedicación de los componentes de la comisión, no se llegó a conciliar puntos de vista en la elaboración del proyecto, por tratarse de “una rama del derecho que está pasando por un momento de evolución progresista”.
[13]El convenio celebrado se aprobó por decreto del Poder Ejecutivo que lleva el N° 475 del 26 de enero de 1968.El Dr. Jaime Prats Cardona, era un abogado de Buenos Aires, cuya figura aparecerá después como defensor de militares en los procesos que se les siguieron por las graves violaciones a los derechos humanos que protagonizaron durante la dictadura de 1976 a 1983.
[14] Confr. edición del 7 de febrero de 1968 del Diario “El Litoral” de Santa Fe.
[15]Estos reconocidos juristas de la ciudad de Santa Fe, tuvieron muchísima vinculación con las posteriores reformas de la legislación procesal en Santa Fe, sobre todo en los gobiernos de facto.

[16]La Comisión Bicameral, era co-presidida por el Senador Raúl J. Gramajo y el Diputado Dr. Ángel E. Baltuzzi, e integrada por los Sres. Senadores Dr. Carlos Montini y Edgardo Bodrone, los Sres. Diputados María A. Gastaldi, Dr. Santiago Mascheroni, Dr. Hugo Bearzotti y Carlos Caballero Martín. Era representante del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, la Dra. Cristina Rubiolo, luego reemplazada por el Dr. Carlos Renna y el Secretario fue el Dr. José A. Maccerola.
[17]En nuestra opinión pesó demasiado la crítica que los políticos recibieron de todos los sectores involucrados, sobre todo de la mayoría de los miembros de un Poder Judicial, que no quería resignar su poder y que conservadoramente no aceptaban ningún cambio. Sin embargo, estos modelos van a ser luego considerados por los integrantes del Plan Estratégico para la elaboración definitiva del nuevo Código ley 12.734.
[18]Confr.C.S.J.N. DIESER M.G. y FRATICELLI C.A. s/homicidio calificado por el vínculo y por alevosía – causa 120/02 del 08/08/2006, que a la fecha, increíblemente sigue en trámite ya que los conjueces designados, no han dictado la nueva sentencia que remplace la anulada por la Corte.
[19]Confr. nuestra posición en  “La Garantía del Juez  Natural e Imparcial y la Acordada Nº 32 de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe”. Revista Zeus Año XXXIII, Nº 8.073, T 102, del 27 de Noviembre de 2006.-

[20] Mediante la ley 13.038, se modifica la ley 12.912 y se amplían los casos en que obligatoriamente se juzgará mediante la metodología oral en Santa Fe, en un intento de incorporar progresivamente la vigencia del juicio público.

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