Cuando el imputado se convierte en prófugo, nada impide llevar adelante el juicio y conseguir se dicte una sentencia. Por Victor R. Corvalán [1] La tensión que provoca el intento de llevar a cumplir una pena en la cárcel a una persona, por parte del Estado, personificado, en el sistema adversarial, en la función del Fiscal, y la resistencia que provoca un discurso contradictor, de parte del imputado y su abogado defensor, se resuelve en términos de límites al ejercicio del poder. Esos límites son las garantías que el mismo Estado le otorga a los imputados, para que puedan defenderse eficazmente. Quienes defendemos esas garantías, muchas veces criticados por malas interpretaciones, somos los garantistas [2] , que en definitiva defendemos la vigencia plena de la Constitución Nacional en la materia. Los garantistas pretendemos que si va a existir una condena, ella sea consecuencia de un procedimiento donde se respete la dignidad de la persona y todos sus derecho
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