LA CRISIS DE VALORES EN EL MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION DE ROSARIO
LA CRISIS EN EL
MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION EN ROSARIO
Por Victor R. Corvalán
1. Desdramatizar ante la crisis.
No
es nuestro interés, ni nos corresponde, desarrollar una crónica de los sucesos
que recientemente descabezaron la Regional Rosario del MPA, en una
investigación donde se han dictado prisiones preventivas y seguramente seguirá
profundizándose para ver sus verdaderos alcances y vinculaciones. Si nos
interesa reflexionar brevemente, más allá de lo ocurrido, para bajar un nivel
de decepción que puede resultar exagerado. Estos hechos, se deben inscribir en
lo que normalmente puede suceder en tanto se tratan de personas, de seres
humanos, con sus especialidades debilidades éticas, que vaya a saber por qué
mecanismo que afecta su psicología, creyeron que nunca les iba a pasar nada,
mientras ejercían el poder. Por lo tanto, allí donde trabajan personas, puede
haber corrupción y de hecho la hay, lo que sucede es que en general no se la
conoce. Hay corrupción en todas las instituciones de todos los poderes del
Estado, en las iglesias, en los clubes y en cuanta asociación por más
transparente que se muestre, por más sanos sean sus declarados objetivos,
siempre que sean hombres y mujeres, quienes las integren.
Claro
que es particularmente grave que, en el organismo encargado de investigar
hechos de corrupción, los investigadores lo sean. Podría decirse que lo mismo
ocurre cuando se descubre que en una institución de caridad dedicada al bien
público, o simplemente en una cooperadora escolar, se distraen los fondos para
beneficios particulares de sus directivos. La alarma social que generan estos
hechos, es significativa.
2. Un organismo político al servicio del
sistema acusatorio, necesita lógica racional, no fe.
El Ministerio Público de la Acusación, a
diferencia de los colegios de jueces, fue pensado como un organismo jerárquicamente
vertical, de manera que los que lo conducen, deben tener el control de la labor
que cumplen los fiscales. Estos deberían ser permanentemente supervisados,
controlados y guiados en sus lineamientos políticos criminales, por sus
respectivas cabezas, tanto a nivel regional como en toda la provincia. Por ello
pensamos lo difícil que debe haber sido la tarea de los fiscales que les tocó
investigar a su superior, o a su colega.
Cuando
se creó el nuevo sistema, cuando se lo pensó primero teóricamente y luego se
fueron elaborando las normas que lo regularían, nadie pudo ser tan ingenuo como
para pensar que estas cosas nunca iban a ocurrir. Sin embargo, el golpe sufrido
por la sociedad en la credibilidad de la institución, es enorme, porque también
grande y desmedida es esa “fe” que se tiene en el funcionamiento de la
Justicia. Tener fe en la actividad de los fiscales o de los jueces, es
realmente un disparate lógico, que ni siquiera puede sustentarse socialmente. A
nadie se le ocurre tener fe en los diputados o en los senadores, en los
gobernadores, intendentes o presidentes de comunas. Pero es común escuchar a
personas en los medios de comunicación que expresan su “fe en la justicia”. En
el origen de la relación entre la función judicial y la inquisición medioeval,
se puede encontrar en parte la explicación de esta demostración digna de
utilizarse en religiones de cualquier tipo que sean. La historia así lo
demuestra. Sabido es que con la Revolución Francesa, se intentó terminar con la
intromisión que el poder eclesiástico de la Iglesia Católica tenía en las
actividades de los ciudadanos, especialmente cuando además de perseguir
herejías, la emprendieron contra judíos y gitanos, en tanto no sólo desafiaban
sus dogmas religiosos, sino que además algunos de ellos tenían fuerte poder
económico en los bancos de la época medioeval. Los pensadores ilustrados, que
partían del racionalismo lógico y desechaban al pensamiento mágico, intentaron
terminar con la biblia, y en su lugar instalaron al derecho positivo. Era otro
texto, en rigor tan ficcional uno como otro. Sacaron al sacerdote y ubicaron en
su lugar al juez laico, pero con similar atuendo asexuado (la toga reemplazó la
sotana). La pena pública estatal, en lugar de la penitencia religiosa, y así se
puede trazar un paralelismo entre aquél pensamiento mágico en que se fundaba la
inquisición, y el racionalismo ilustrado que pretendía reemplazarlo. Pero los
revolucionarios franceses y los que lo siguieron, estaban destinados a
fracasar, porque jamás la razón pudo reemplazar esa fe ciega, tranquilizadora,
asumida desde niño y que es la única capaz de bajar el montante de angustia del
hombre, frente a la certeza de su propia muerte. Fue así que aquella fe se trasladó
automáticamente, a la ley y a sus servidores, y todavía no hemos podido
deconstruir ese pensamiento, que conduce a esperar del Estado respuestas que
nunca podrá dar, simplemente porque no las tiene. ¿Hacer justicia? ¿Qué
significa para una madre que perdió su hijo por un crimen? ¿Acaso la solución
de nuestros males se encuentra en la ley, o en cambiarla por otra? ¿Acaso los
hombres que son jueces o fiscales, no tienen debilidades, no pueden cometer
delitos? De la misma forma que hubo sacerdotes, obispos y Papas, que fueron
descubiertos en sus actos de corrupción de todo tipo a lo largo de la historia,
ello puede suceder desde el más humilde fiscal o juez, hasta el más encumbrado
Ministro de una Corte Suprema. Esto hay que tenerlo presente, y los medios
deberían comunicarlo convenientemente. Por lo menos, de esa forma, el golpe que
provoque enterarnos de hechos de corrupción, no será tan violento.
3.
Los ajustes que se esperan:
Finalmente,
lo ocurrido, que todavía está en proceso, nos remite a la necesidad de ajustar
dos aspectos de la cuestión que se visibiliza:
Primero que la selección de candidatos para ser fiscales o jueces, no
puede limitarse a los antecedentes (cartones) o al nivel de conocimiento
teórico de leyes, doctrinas y jurisprudencias, sino fundamentalmente habrá que
bucear más en los valores que posean los concursantes. Hay formas de conocer
cómo piensa una persona, puesto en situación límite donde tendrá que mostrar
sus opciones y difícilmente los que no poseen una escala de valores que
sólidamente edifiquen una ética ciudadana, podrán superar estas encuestas
hechas por profesionales de la materia. La segunda cuestión que nos parece hay
que revisar, es el control o auditoria, del comportamiento de todos los
fiscales que actúan en una Regional. Me pregunto si los Fiscales Regionales han
asistido y presenciado como litigan los titulares y adjuntos. Es preciso mayor
control sobre la tarea concreta que realizan. No se trata de horarios, ni de
números para las estadísticas, sino de cumplimiento fiel a las políticas del
MPA. Por ejemplo, una pregunta que le
hicimos al ex jefe de la regional Rosario, es si estaba de acuerdo en llevar a
juicio a una persona a quien se le pedía una pena menor de tres años y de
cumplimiento condicional, cuando era procedente la suspensión del proceso a
prueba. Todavía aguardamos la respuesta, porque nos sorprendió la crisis. Pero
lo concreto es que nada garantiza que un caso que se suspende a prueba en
Melincué o Venado, tenga su similar en Rosario, donde se lo lleve a juicio,
salvo la oferta de un abreviado, que en muchos casos se presenta como
extorsiva, sobre todo cuando el imputado insiste en su inocencia.
Esperemos,
con confianza, no con fe, en que de esta crisis se salga fortalecido, y el
nuevo Regional, tanto interino como el que sea seleccionado en los próximos
meses, sea producto de una selección política, donde lo que interese
fundamentalmente es que posea un demostrado compromiso con la ética ciudadana,
y la defensa de los valores del Estado de Derecho.
Carmen del Sauce, (Santa Fe) 11 de agosto de 2020.-
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